Tal como fue anunciado por el Ministerio de Ambiente, han comenzado de forma firme las sanciones contra quienes han incumplido con las normativas ambientales en la región de Azuero.
El caso más sonado y que ha generado amplia preocupación ciudadana es la contaminación del río La Villa, hecho que desde el 26 de mayo —hace ya 53 días— mantiene a la población de varios distritos de las provincias de Los Santos y Herrera sin poder consumir directamente el agua del grifo, debido al riesgo sanitario.
En respuesta a este daño ambiental, la Dirección Regional de MiAMBIENTE en Los Santos informó que se han impuesto ocho sanciones administrativas a empresas y personas naturales responsables de verter residuos sin tratamiento al río La Villa y su afluente, el río Estivaná, en Macaracas.
Cada sanción asciende a 9,999.99 balboas, monto máximo permitido por la ley, e incluye la paralización inmediata de operaciones hasta que los sancionados cumplan con las medidas de remediación ambiental obligatorias, indicó la entidad.
Entre las entidades sancionadas están Finca La Fe, Paja Verde S.A., Porcina La Ceiba, Lotificación Santa Eduviges, Porcina San Antonio, el Vertedero Municipal de Macaracas, y Marcelino Delgado, cuyos responsables presentaron recursos de reconsideración, actualmente en trámite de notificación.
Además, existen cinco expedientes adicionales en investigación, entre ellos a Finca Luis Martínez; Central de Engorde, S.A.; Porcinalanda, S.A.; Lechería Medrano; Finca Porcina Nobel Samaniego; y Lechería Barría.
Las principales faltas detectadas fueron descarga ilegal de aguas residuales a fuentes hídricas, ausencia de instrumentos de gestión ambiental e incumplimiento de herramientas ambientales, lo que representa una amenaza directa a la sostenibilidad del ecosistema y a la salud de la población, indicó Mi Ambiente en un comunicado.
Pero la acción fiscalizadora no se detuvo allí. Durante el proceso de inspecciones, el equipo técnico y legal de MiAMBIENTE detectó otras infracciones ambientales graves en Playa Venao, distrito de Pedasí, zona de alta fragilidad ecológica y relevancia turística.
Como resultado, fueron sancionadas once empresas y particulares con la multa máxima cada uno, por violaciones como descarga de aguas residuales, movimientos de tierra no autorizados, construcciones ilegales dentro de la línea de alta marea, y la falta de permisos o herramientas ambientales.
